Toledo, quien reside en California, se puso a disposición de la justicia de la Corte de San José, con sede en un edificio federal donde deberá pasar una serie de exámenes antes de ser enviado a un centro penitenciario de Perú, donde cumplirá una prisión preventiva de 18 meses mientras continúa su proceso por el caso Interoceánica por el que la Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión.
De esta forma terminan cuatro años de un largo proceso en el que Toledo primero fue considerado prófugo de la justicia y luego, cuando lo detuvieron por primera vez en California, comenzó una larga estrategia de dilaciones para evitar su regreso a Perú.
A sabiendas de que ya se habían agotado las instancias judiciales, el exmandatario reveló que se entregaría este viernes por la mañana.
«No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel y no sé quiénes van a venir a recogerme de Perú, lo único que le pido a la justicia es que no me maten en la cárcel, déjenme luchar con nuestros argumentos», señaló en una entrevista.
A sus 77 años, este economista se sentará en el banquillo de los acusados para responder a los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Si es encontrado culpable, se arriesga a recibir una pena de hasta 20 años de prisión.
El exmandatario está involucrado en dos causas. La primera se refiere al «Caso Ecoteva», llamado así porque ese era el nombre de una de las empresas que presuntamente Toledo y su esposa, Eliane Karp, crearon en Costa Rica para lavar millones de dólares.
La segunda causa investiga el «Lava Jato», uno de los mayores escándalos de corrupción trasnacional de las últimas décadas, que demostró que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos a políticos en varios países de América Latina para obtener contratos de obras públicas.
En el caso de Toledo, está acusado de haber recibido por lo menos 31 millones de dólares mientras fue presidente (2001-2006), por lo que la Fiscalía ya solicitó una condena de 20 años y seis meses de cárcel.