Mora judicial es uno principales problemas del sistema procesal


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SANTO DOMINGO

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, admitió este martes que el retraso en los procesos judiciales es uno de los principales problemas del sistema procesal dominicano, acumulando en la propia alta corte 18,357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución.
“Una enfermedad grave se ha vuelto crónica y amenaza el sentido mismo de administración de justicia: la mora judicial”, dijo Molina en su discurso a propósito de la celebración del Día del Poder Judicial.
El magistrado tildó de ¨inaceptable¨ que en los tribunales existan procesos judiciales que aguardan por sentencia desde el siglo pasado y que no es posible suspender la vida de la gente porque estos fueros retrasen una decisión o que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas para protegerlo estén en retardo.
“Debemos combatir la resignación y apatía, la desesperanza instalada en nuestro sistema de justicia”, dijo Molina al tiempo que anunció que una primera respuesta al problema será dar especial prioridad a la resolución de asuntos atrasados en la SCJ a través de la redistribución de la carga judicial.
Asimismo, informó que los Magistrados de Corte de Apelación podrán resolver asuntos de primera instancia, se organizarán horarios de audiencias, se regularán y simplificarán procedimientos internos y formalidades al modo de Corte de Casación Francesa y Audiencia Provincial de Madrid.
En su discurso, Molina también hizo referencia a la “irrazonable¨ distribución del presupuesto en el sistema, puesto que mientras la totalidad de los tribunales sólo accede al 68 % de los fondos, el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32 %.
De igual modo aseguró que la justicia pondrá particular atención a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, especial esfuerzo en asegurar procedimientos justos y considerados a las mujeres que recurren a nosotros ante situaciones de violencia o abuso.
De ahí que anunciara la puesta en marcha de centros especiales de entrevistas para las citadas víctimas de violencia de género en cada departamento judicial y un programa de entrenamiento al personal que interviene en estos procesos.
“La tarea es asegurar que las víctimas de violencia de género encuentren en la justicia un espacio digno, protegido y sensible frente a su sufrimiento”, dijo Molina.
Además manifestó que se prohibirá el acceso conjuntos de jueces, abogados y fiscales a las salas de audiencias y que las decisiones éticas y disciplinarias sobre actuaciones judiciales se harán públicas e incluidas en el expediente de cada juez.
“En nuestro país, los abogados deben ser abogados y los jueces deben ser jueces. Recurrir a jueces interinos y suplentes procedentes de la abogacía en funciones, es anacrónico, y peligroso. No se justifica en nuestro estado de desarrollo y está próximo a llegar a su fin”, opinó.
Molina llegó al final de su intervención asegurando que la planificación estratégica que han venido desarrollando en la SCJ desde el 2019, “Visión Justicia 20/24”, toca cada instancia del sistema judicial y aborda los distintos problemas que resultaron de consultas con los usuarios del mismo.

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